Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica

El 7 de diciembre de 2010, el Presidente de la República y su grupo de Ministros, en uso de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, expidió el Decreto 4580 de 2010, mediante el cual DECLARÓ el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de emisión del decreto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En atención a los hechos acaecidos en los últimos tiempos, los cuales amenazan perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país y que constituyen grave calamidad pública, ha sido declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica.

Una vez declarado el estado de emergencia, el Presidente con la firma de todos sus ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Para la validez de tales decretos, aquellos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, razón por la cual podrán crearse nuevos tributos o modificar los existentes. Para tales efectos, han sido considerados como hechos constitutivos de grave calamidad pública los siguientes:

1.     El fenómeno de La Niña el cual ha desatado en todo el país, un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010.

2.     Este fenómeno de variabilidad climática ha ocasionado además, una mayor saturación de humedad de los suelos, generando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región Andina, Caribe y Pacífica.

3.     Dicho fenómeno, de acuerdo con el IDEAM puede extenderse hasta el segundo semestre de 2011, empatando con el segundo régimen de lluvias de ese año, lo cual no sólo extenderá los efectos de la actual calamidad pública, sino que la hará mucho más grave, por la falta de capacidad de la tierra para absorber semejante caudal de agua.

4.     Con el fin de adoptar medidas y construir obras para impedir definitivamente la prolongación de esta situación, y proteger en lo sucesivo a la población de amenazas económicas, sociales y ambientales como las que actualmente están padeciendo, como son la pérdidas de vidas, la destrucción de inmuebles, la interrupción de servicios públicos esenciales, las graves inundaciones, derrumbes, pérdidas de zonas agrícolas, de viviendas, centros educativos y hospitales, la inundación de tierras destinadas a la ganadería, entre muchas otras.

5.     Todos los anteriores hechos constituyen grave calamidad pública con un impacto severo en los órdenes económico, social y ecológico, los cuales no pueden ser superados mediante el ejercicio ordinario de las facultades del Gobierno Nacional.

6.     Dado que el proyecto de Ley mediante el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, aún no ha sido sancionado, será necesario hacer las modificaciones correspondientes a fin de incluir recursos destinados a superar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

7.     Tales recursos estarán destinados principalmente a:

Adoptar medidas inmediatas de reparación y reconstrucción, de tal manera que las prioridades de las obras sean viales, aeroportuarias, portuarias, férreas o fluviales, con el fin de que la actividad económica en las zonas afectadas, la movilidad y seguridad de las personas y el acceso a servicios sociales no continúen severamente perturbados.