Sentencia C-198-12

1.2 COMUNICADO DE PRENSA – MEDIANTE SENTENCIA C-076-12, LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1430 DE 2010, SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS, AL ENTENDER QUE LA PROMULGACIÓN DE DICHA LEY SE REALIZÓ EN DEBIDA FORMA

 

En este sentido, la Corte entiende que el ámbito de aplicación de la ley 1430 de 2010, determinado por la misma ley en diversas disposiciones, se da a partir del período fiscal 2011. Por esta razón, concluyó la Corte que el artículo 1º de la ley 1430 de 2010 es exequible respecto del cargo planteado.

1.3 EL CONSEJO DE ESTADO CONSIDERA QUE LA DEDUCCIÓN POR DESTRUCCIÓN DE INVENTARIOS COMO EXPENSA NECESARIA, RESULTA PROCEDENTE PARA OTRO TIPO DE MERCANCÍAS DIFERENTES A LOS MEDICAMENTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PRUEBE EN CADA CASO QUE EL HECHO OCURRIÓ EN EL RESPECTIVO AÑO GRAVABLE, QUE TIENE RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA Y QUE ES PROPORCIONADO A DICHA ACTIVIDAD (SENTENCIA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011, RADICACIÓN 18368, CONSEJERO PONENTE MARTHA TERESA BRISEÑO)

 

1.4 EL CONSEJO DE ESTADO DECLARA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA NACIÓN DERIVADA DE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO (TRIBUTARIO) DE CARÁCTER GENERAL (SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2012, RADICACIÓN 24655, CONSEJERO PONENTE MAURICIO FAJARDO GOMEZ)

  1. En el sistema jurídico colombiano, el artículo 90 de la Constitución no excluye a autoridad pública alguna del deber de reparar los daños antijurídicos imputables a su acción o a su omisión, razón por la cual cabe entender comprendidos en el enunciado del referido canon constitucional a los autores de normas generales, impersonales y abstractas que ocasionen perjuicios de dicha índole, entre quienes debe incluirse, como no podría ser de otro modo, a las autoridades administrativas en ejercicio de sus potestades normativas.
  1. Afirmar que la relativa libertad de la cual efectivamente precisa la Administración para ejercer eficazmente sus atribuciones normativas ─así se trate de la materia tributaria─ ha de traducirse en su irresponsabilidad por razón de los daños antijurídicos que irrogue en el ejercicio de dicha actividad, supondría admitir la existencia de un reducto en el cual uno de los principios más importantes del Estado de Derecho, el de responsabilidad de sus autoridades, no imperaría, en clara contravía del espíritu que irradia por entero la Constitución Política, de cuyos preceptos deriva el indudable sometimiento de todas las autoridades al ordenamiento jurídico.
  1. El daño sufrido por los ciudadanos que se vieron compelidos a pagar el impuesto creado por la norma posteriormente excluida del sistema jurídico por virtud de decisión judicial es, sin duda, antijurídico, comoquiera que carece de sustento en el ordenamiento el deber de hacer frente al pago de una exacción que fue establecida de manera irregular por una autoridad pública a través del ejercicio contrario a derecho de su potestad normativa; tal circunstancia abre la procedibilidad de la instauración de la acción de responsabilidad extracontractual en contra del Estado, con independencia de que se hubieren iniciado e incluso decidido ya procesos judiciales como resultado de los cuales se hubiere declarado conforme a derecho la negativa de la Administración a devolver al contribuyente lo que éste indebidamente pagó, pues en un escenario ─el de la legalidad de un acto administrativo─ se produjo tanto la decisión administrativa enjuiciada como el pronunciamiento que avaló su juridicidad, y en otro completamente distinto debe desatarse la cuestión relacionada con la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la causación de daños antijurídicos.
  1. Adicionalmente, varios principios constitucionales y legales, entre ellos los de igualdad, buena fe, tutela de la confianza legítima y seguridad jurídica, respaldan la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios que cause como consecuencia de la eficacia de normas generales ─legales y/o reglamentarias─ que inconstitucional o ilegalmente crean obligaciones tributarias y por tal razón son expulsadas del ordenamiento jurídico por decisión con efectos erga omnes emanada del juez competente; sostener lo contrario conllevaría un rotundo desconocimiento del derecho a la igualdad radicado en cabeza de los “contribuyentes” cumplidores de sus obligaciones, quienes sufrirían un claro detrimento patrimonial si se compara su situación con la de aquellas personas que nunca hubieren pagado el impuesto que posteriormente es excluido del ordenamiento jurídico: los morosos o definitivamente incumplidos no verán mermado su peculio; y en cambio sí padecerán un daño que no están en el deber jurídico de soportar, pero que no les sería reparado, quienes oportunamente satisficieron sus deberes tributarios.

DOCTRINA OFICIAL CONCEPTOS DIAN

 

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

1.1 LA DIAN CONSIDERA QUE LA PROGRESIVIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE QUE TRATA LA LEY 1429 DE 2010, NO ES APLICABLE A UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, POR EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL EN TAL SENTIDO (CONCEPTO 12201 DE 2012)

2. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF)

2.1 LA DIAN CONSIDERA QUE LA EXENCIÓN DEL GMF PARA OPERACIONES DE FACTORING, NO RESULTA PROCEDENTE TRATÁNDOSE DE FACTORING QUE SE REALICEN POR UNA CARTERA COLECTIVA O POR UN PATRIMONIO AUTÓNOMO (CONCEPTO 10541 DE 2012)

2.2 LA DIAN CONSIDERA QUE LA EXENCIÓN DEL GMF PARA OPERACIONES DE FACTORING, NO RESULTA PROCEDENTE TRATÁNDOSE DE FACTORING QUE SE REALICEN POR UNA ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA O DE ECONOMÍA SOLIDARIA (OFICIO 017143 DEL 2012)

La Administración considera que la Ley 1450 de 2011, además de crear la exención para las operaciones de factoring, definió también de manera expresa los sujetos beneficiarios de la misma, entre los cuales no se encuentran las sociedades vigiladas por la Superintendencias Financiera y/o de Economía Solidaria, razón por la cual no es posible mediante interpretación doctrinal extender el beneficio a sujetos no previstos por el legislador.